Tras una introducción en la que el Gerente ha resaltado cómo el O.P.A.E.F. lleva 33 años prestando servicios de manera satisfactoria a los municipios, y recordando el proceso de disminución del coste del servicio, se ha pasado al análisis de las diferentes partidas del presupuesto.

En la distribución de la evolución de las partidas, el presupuesto no financiero se incrementa en un 2,65 por ciento, alcanzando los 24,7 millones, mientras que las actividades financieras experimentan una reducción del 1,05 por ciento, con un importe de 9,235 millones, de los que la aportación que el O.P.A.E.F. hará en 2022 para financiar los F.E.A.R. que apruebe la Diputación de Sevilla alcanza 9,1 millones.

Por lo que se refiere a las operaciones no financieras, la principal variación en términos absolutos se produce en el capítulo de personal, que porcentualmente representa un incremento del 3,03 por ciento. En dicho incremento se incluye la previsión de una actualización de los costes de personal del 2 por ciento y un incremento del coste del personal funcionario del 30,39 por ciento, mientras que el coste del personal laboral disminuye en un 4,41 por ciento, aunque en términos absolutos el saldo entre la evolución de los artículos 12 y 13 (resultado del proceso de funcionarización) no supera los cien mil euros.

En términos relativos el mayor incremento se produce en el capítulo III, gastos financieros, que experimenta un incremento del 116,82 por ciento, no imputable a los costes financieros propiamente dichos, donde se mantienen las mismas previsiones que en el ejercicio 2021, sino a las comisiones por pagos por TPV, cuyas previsiones experimentan un crecimiento del 166,67 por ciento. Como se ha dicho, gracias al apoyo financiero a coste cero que ofrece la Diputación de Sevilla (que ascenderá a cien millones de euros) para financiar el programa de anticipos ordinarios de recaudación voluntaria, el coste de intereses se prevé prácticamente nulo, a pesar de incrementarse la línea de apoyo financiero a los ayuntamientos mediante los anticipos ordinarios y extraordinarios, cuyo importe se estima ascenderá a 278,5 millones de euros, lo que significa un 4,5 por ciento sobre la previsión de 2021.

El único capítulo del presupuesto de gastos que no se incrementa es el destinado a gastos corrientes, que se reduce en un 0,54 por ciento, disminución poco significativa y que resulta, básicamente, de una mayor rigidez en los criterios de presupuestación, si bien en el desglose debe distinguirse la previsión de un menor gasto en comunicaciones (continuación de la tendencia marcada ya en 2021 y resultado, principalmente, de la implantación de las notificaciones electrónicas y de otras medidas orientadas a reducir el coste de las notificaciones) y de un mayor gasto por comisiones de servicios bancarios.

En el capítulo de transferencias se ha incidido en la colaboración con INPRO para el desarrollo de los sistemas de información del organismo, presupuestándose la cantidad de 746.524,06 euros, un 1,09 por ciento más que el ejercicio anterior.

En relación con el presupuesto de ingresos se ha resaltado la prudencia en la presupuestación realizada, que ha llevado a reducir las previsiones en cuanto a las tasas de recaudación ejecutiva (a pesar de que los resultados provisionales de este ejercicio son superiores incluso a los ejercicios previos a la pandemia) y gestión de multas, mientras que se incrementan las previsiones de gestión tributaria, inspección y recaudación voluntaria. Se ha hecho especial mención a la incidencia que la declaración de inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de la plusvalía pudiera tener en las previsiones, estimándose que, dado que el pasado día 9 ya se ha dictado una nueva norma, el impuesto, que sigue existiendo, se seguirá liquidando, por lo que los esfuerzos realizados para mejorar su gestión, a los que se refiere la memoria, se espera den sus frutos, permitiendo alcanzar las previsiones realizadas.

Sobre este tema, el Presidente ha dado instrucciones a la Gerencia para que se organicen unas jornadas informativas para cuantos municipios deseen participar, en la que se aborde el nuevo sistema de liquidación, las repercusiones económicas en relación con el anterior y las modificaciones que deban acometerse en las ordenanzas municipales.

Tras este trámite, el presupuesto deberá ser aprobado, junto con el de la Diputación y sus restantes entidades, por el Pleno de la Diputación.

A continuación, el Consejo Rector ha sido igualmente informado sobre el cumplimiento por el O.P.A.E.F., durante el tercer trimestre de 2021, de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.