Tras una introducción en la que el Gerente ha resaltado cómo el O.P.A.E.F. lleva 34 años prestando servicios de manera satisfactoria a los municipios, y recordando el proceso de disminución del coste del servicio, se ha pasado al análisis de las diferentes partidas del presupuesto.

En la distribución de la evolución de las partidas, el presupuesto no financiero se incrementa en un 9,83 por ciento, alcanzando los 27,13 millones, mientras que las actividades financieras experimentan una mínima reducción del 0,1 por ciento, con un importe de 9,23 millones, de los que la aportación que el O.P.A.E.F. hará en 2023 para financiar los F.E.A.R. que apruebe la Diputación de Sevilla asciende a 9,1 millones.

Por lo que se refiere a las operaciones no financieras, la principal variación en términos absolutos se produce en el capítulo de personal, que porcentualmente representa un incremento del 9,03 por ciento. En dicho incremento se incluye la previsión de una actualización de los costes de personal del 3,5 por ciento y un incremento del coste del personal funcionario del 21,49 por ciento, mientras que el coste del personal laboral aumenta en un 5,17 por ciento. El mantenimiento de los créditos de personal laboral está directamente relacionado con el procedimiento de estabilización de personal laboral temporal que se convocará a finales de 2022 y se desarrollará durante 2023, para lo cual se ha incrementado en once plazas y puestos las dotaciones del artículo 13.

En términos relativos el mayor incremento se produce, un año más, en el capítulo III, gastos financieros, que experimenta un incremento del 12,93 por ciento, no imputable a los costes financieros propiamente dichos, donde se mantienen las mismas previsiones que en el ejercicio 2022, sino a las comisiones por pagos por TPV, cuyas previsiones experimentan un crecimiento del 15 por ciento, tras haber aumentado un 166,67 por ciento en el ejercicio anterior. Como se ha dicho, gracias al apoyo financiero a coste cero que ofrece la Diputación de Sevilla (que podrá llegar a los cien millones de euros) para financiar el programa de anticipos ordinarios de recaudación voluntaria, el coste de intereses se prevé prácticamente nulo, a pesar de incrementarse la línea de apoyo financiero a los ayuntamientos mediante los anticipos ordinarios y extraordinarios, cuyo importe se estima ascenderá a 283,4 millones de euros, lo que significa un 1,75 por ciento sobre la previsión de 2022.

En cuanto al capítulo segundo, gastos corrientes, experimenta un incremento del 5,16 por ciento, motivado fundamentalmente por las previsiones sobre la repercusión que puedan tener los datos de inflación, bien sea en la actualización de los contratos vigentes, bien en los que deban someterse a nueva licitación. Parte de este efecto se compensa con el mantenimiento de una mayor rigidez en los criterios de presupuestación, debiendo reseñarse una disminución del 19 por ciento en la previsión del coste de los servicios prestados por entidades financieras en la recaudación, mientras que los mayores incrementos se producen en los costes de suministros (electricidad, agua y combustible, si bien no son partidas significativas en términos absolutos) y comunicaciones telefónicas (que llega a un 46,7 por ciento, consecuencia, fundamentalmente, del incremento del coste de la atención telefónica a los ciudadanos) y postales (donde la disminución de envíos, resultante de la implantación de las notificaciones electrónicas y de otras medidas orientadas a reducir el coste de las notificaciones, se ve superada por las previsiones de incremento de su coste unitario).

En el capítulo de transferencias se ha incidido en la colaboración con INPRO para el desarrollo de los sistemas de información del organismo, presupuestándose la cantidad de 733.432,79 euros, un 1,75 por ciento menos que el ejercicio anterior.

Especial mención merece el incremento del capítulo de inversiones, un 180 por ciento, es decir, que casi triplica el de 2022. En él se contempla la financiación de actuaciones que, por diversos motivos, no podrán completarse en 2022, como la sustitución del parque de ordenadores y servidores o las obras de adecuación de la nueva oficina de atención al contribuyente de Alcalá de Guadaira. Estas actuaciones deben completarse con otras financiadas con suplementos de crédito o créditos extraordinarios aprobadas en 2022 y que tampoco podrán concluirse en el ejercicio, como es la adquisición y adecuación de la nueva oficina de San José de la Rinconada y la reforma de los servicios centrales.

En relación con el presupuesto de ingresos, tras un presupuesto, el de 2022, marcado por la prudencia, en el que se tomaban como base los resultados de 2020 y se elaboraba en el marco de las incertidumbres de 2021, se prevé un incremento de los ingresos propios de un 9,83 por ciento, sustentado, fundamentalmente, en la previsión del incremento de los ingresos por recaudación ejecutiva, que se estima en un 19,46 por ciento, cifra que, sin embargo, es un 1,14 por ciento inferior a los resultados obtenidos en 2021. Se prevén otros incrementos de menor entidad en recaudación voluntaria, gestión tributaria y gestión de multas, así como, fuera ya de los ingresos tributarios, en el importe de las costas recuperadas.

Tras este trámite, el presupuesto deberá ser aprobado, junto con el de la Diputación y sus restantes entidades, por el Pleno de la Diputación.

A continuación el Consejo Rector ha aceptado la delegación de competencias del ayuntamiento de Isla Mayor relativa al ejercicio de la potestad sancionadora para la instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos por infracciones al Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y las Ordenanzas municipales en esta materia. Esta competencia se añade a las que actualmente desarrolla el O.P.A.E.F. conforme al convenio de 21 de junio de 1999, posteriormente ampliado en 2002 y renovado mediante acuerdo de delegación de fecha 13 de enero de 2022.

Del mismo modo, el Consejo Rector ha aceptado la delegación de competencias realizada por el ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, la cual contempla la adición a las actualmente desarrolladas en virtud de convenio de 30 de julio de 2020, la referida a las competencias de gestión, inspección y recaudación tributaria (incluyendo la potestad sancionadora derivada de las mismas) en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El ejercicio de estas competencias se regulará por lo dispuesto en la Ordenanza de la Diputación de Sevilla reguladora de las relaciones interadministrativas consecuencia de la delegación de competencias o encomienda de funciones a la Diputación provincial de Sevilla para su ejercicio por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) y será efectivo una vez transcurra un mes desde la última publicación que, conforme dispone el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, realice en el B.O.P. De Sevilla y el B.O.J.A.

Finalmente, el Consejo Rector ha sido igualmente informado sobre el cumplimiento por el O.P.A.E.F., durante el tercer trimestre de 2022, de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.