Como cifras más significativas, se ha informado que los derechos reconocidos netos han ascendido a 38.154.682,78 euros (un 24,4 por ciento más que los 30,6 millones de 2020) y las obligaciones reconocidas netas han sumado 31.435.531,81 euros (un 3,3 por ciento más que los 30,4 millones de 2020), lo cual, teniendo en cuenta que se han financiado 107.306,60 euros con remanentes de tesorería, arroja un resultado presupuestario de 6.826.459,57 euros, de los cuales 3.215.561,09 se corresponden al resultado no financiero.

Del total de obligaciones, 9.274.035,16 euros han correspondido a operaciones financieras, 726.035,16 euros más que el ejercicio anterior, destinados fundamentalmente a colaborar en la línea F.E.A.R. para operaciones a corto plazo. Otros 146.282,37 euros corresponden a inversiones diversas. Los gastos de personal han ascendido a algo menos de 14 millones, con un incremento sobre el ejercicio anterior del 7,3 por ciento, mientras que los gastos corrientes han alcanzado los 7,2 millones de euros, con una disminución del 4,95 por ciento sobre 2020. El principal incremento de gasto, en términos relativos, se ha producido en el capítulo III, gastos financieros, que, si bien sólo suponen 183.891,86 euros, experimentan un incremento del 41,7 por ciento. Este incremento lo ha vinculado el Presidente a los servicios que, a través de las entidades colaboradoras, se prestan a la ciudadanía, y por el mayor uso que hacen los particulares de las tarjetas para el pago de sus tributos. Finalmente, los gastos de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas han ascendido a 654.851,98 euros, con una disminución del 1,1 por ciento.

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones financieras han ascendido a 12.777.625,04 euros (un 44,7 por ciento más que en 2020, evolución consecuencia del cambio de criterio en cuanto al reintegro de las operaciones del F.E.A.R., pues, además de todas las aportaciones as 2020, se perciben reintegros también del F.E.A.R. 2021), mientras que los ingresos propios de la actividad alcanzaron 25.377.057,74 euros, un 16,2 por ciento más que en 2020 (año en que la actividad se vio ralentizada como consecuencia de las medidas adoptadas en relación con la pandemia Covid-19) y un 12,15 por ciento más que en 2019. Todas las tasas por servicios mejoran en relación con 2020, salvo la de gestión catastral, siendo especialmente relevante, en términos absolutos, el crecimiento de la tasa de recaudación ejecutiva (que obtiene el mejor resultado en el ciclo, como también lo hacen las tasas de gestión de procedimientos sancionadores de tráfico y la de gestión tributaria), y, en términos relativos, el de la tasa de inspección, con un crecimiento del 38,25 por ciento.

El remanente de Tesorería para gastos generales asciende a 45.491.730,15 euros, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastos en el Presupuesto de 2022, en particular los derivados de los remanentes de créditos de 2021 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en el Art. 47.1 del RD 500/1990, que ascienden a 1.522.414,69 euros.

Con anterioridad, el Consejo Rector ha aprobado igualmente elevar al Pleno de la Diputación una propuesta para modificar la relación de puestos de trabajo y la plantilla del O.P.A.E.F. y desestimar los recursos interpuestos frente a la aprobación de una modificación de plantilla anterior. La nueva modificación de plantilla pretende, por una parte, avanzar en la funcionarización del organismo aunque, fundamentalmente, tiene como objeto crear quince plazas y puestos de diversas categorias que estarán incluidos en la oferta extraordinaria de empleo para la estabilización de personal temporal que se aprobará al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Este proceso pretende estabilizar 55 puestos de trabajo mediante el sistema de concurso, y otros 7 mediante concurso-oposición, a los que habrá que añadir los correspondientes a las convocatorias de las ofertas ordinarias de empleo.

A este respecto, el Presidente ha destacado “la relevante labor que ha llevado a cabo el OPAEF para mejorar sus servicios a través del principal capital con el que cuenta cualquier entidad pública, su capital humano. La calidad de los servicios a la ciudadanía está íntimamente ligada a la gestión que hacen a diario las personas que trabajan en lo público. Por ello, como presidente del Organismo y de la Diputación de Sevilla, siempre he tenido la predisposición al diálogo y al entendimiento que está dando sus frutos”’.

Asimismo, el Consejo Rector ha aprobado dos expedientes de reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores y ha sido informado sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones del OPAEF correspondiente al primer trimestre de 2022.