Mediante la formalización de este convenio (con el que el O.P.A.E.F. da respuesta a la que era una frecuente petición de los ayuntamientos sevillanos desde la publicación de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, ampliando con la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores los servicios que ya se prestaban desde 2006 en materia de gestión y recaudación de multas de tráfico) son ya 54 los municipios que tienen delegada en el O.P.A.E.F. la competencia para instruir y resolver el procedimiento sancionador, mientras que en otros 28 el cometido del O.P.A.E.F. se limita a la realización de las actividades materiales de notificación y recaudación de las sanciones.

A partir de ahora el OPAEF asume en este municipio la competencia para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico, la atención a las alegaciones frente a las denuncias y la resolución de los recursos que se formulen en relación con las sanciones impuestas, así como las facultades de gestión recaudatoria, la notificación de los actos del procedimiento (incluida la Dirección Electrónica Vial, cuando proceda) y su publicación en el Tablón Edictal Único, la comunicación a la Dirección General de Tráfico de las sanciones firmes, la gestión de las identificaciones de conductores a través de Internet y el mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información así como el acceso a las bases de datos de la DGT.

Este convenio fue aprobado por el Consejo Rector del mes de diciembre de 2020, y se ajusta al modelo aprobado por el Pleno de la Diputación de Sevilla en su sesión de 26 de octubre de 2017, estando plenamente adaptado a lo previsto en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Su vigencia inicial es de cuatro años desde el momento de su firma, pudiendo prorrogarse por un período mínimo de dos años y máximo de cuatro.