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Actualidad

Los alcaldes de Alanís, Cazalla de la Sierra y El Ronquillo firman las primeras adaptaciones de los convenios con el O.P.A.E.F. a la Ley 40/2015.

Concepción Ufano Ramírez, Vicepresidenta del OPAEF y Diputada de Hacienda y Concertación de la Diputación de Sevilla, ha firmado con los alcaldes de Alanís, Cazalla de la Sierra y El Ronquillo los primeros documentos de adaptación a la Ley 40/2015 de los actuales convenios suscritos entre el O.P.A.E.F. y estos ayuntamientos.

En concreto los tres ayuntamientos han adaptado a la Ley 40/2015,de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sus convenios generales de gestión, inspección y recaudación tributaria así como los convenios de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley de Tráfico de Alanís y El Ronquillo y el convenio para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por infracciones a al Ley de Tráfico de Cazalla de la Sierra.

La citada Ley contempla en el capítulo Vi de su Título Preliminar una más extensa regulación del régimen jurídico de los convenios entre administraciones públicas, y concede, en su Disposición adicional octava, un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la misma para adaptar los convenios vigentes, plazo que concluye el 2 de octubre de 2019.

Para dar cumplimiento a esta previsión, el Pleno de la Diputación, en su sesión de 26 de octubre de 2017, aprobó los modelos de documentos de adaptación de los convenios vigentes, así como dos muevos modelos de convenios adaptados, para aquellos ayuntamientos que, en vez de adaptar el convenio vigente, estimasen oportuno renovarlo.

La adaptación de los convenios se orienta principalmente a la regulación de la Comisión de seguimiento del convenio, al reflejo de los compromisos económicos que el mismo implique, y al plazo de vigencia, ya que los actuales convenios contemplaban una prórroga tácita, mientras que la nueva ley requiere que las prórrogas sean expresas y limitadas en el tiempo. En relación con el plazo de vigencia, la propia ley establecía una adaptación automática para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido, que lo fijaba en cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la Ley. De esta manera, los convenios que no se adapten antes del 2 de octubre de 2019 se extinguirán el 2 de octubre de 2020.

Desde principios de año los ayuntamientos han adoptado los acuerdos necesarios para esta adaptación, iniciándose con estas firmas un proceso que abarcará varios meses, pues son en torno a 190 los convenios suscritos por el O.P.A.E.F. con ayuntamientos, mancomunidades y consorcios que deben adaptarse o renovarse.